Denunciaron despidos, vaciamiento y desprotección del sistema de salud mental porteño
Operadores sociocomunitarios que desde 2012 asisten a adolescentes en situación de vulnerabilidad social y sanitaria en el Hogar "Nueva Pompeya", ubicado en el barrio porteño homónimo, denunciaron además el despido de siete agentes.
El hogar de "medio camino" ubicado en un sector fabril de Nueva Pompeya depende de la Dirección General de Salud Mental, a cargo de María Concepción Grosso, a quien los operadores responsabilizaron de los siete despidos.
Los agentes aseguraron que las cesantías ocurrieron "sin motivo, ni explicación previa", durante la denuncia pública ante legisladores, representantes gremiales y referentes de la comunidad académica.
"Nuestra tarea como operadores sociocomunitarios es revinculizar a los adolescentes de entre 14 y 18 años -algunos de ellos ex pacientes del Hospital Psiquiátrico Tobar García- con sus familias, con la escuela, con el mundo; esto exige un proceso y un vínculo para el que hemos estado trabajando todos estos años", explicó Eugenia Ojeda, una de las psicólogas despedidas.
La profesional, junto a los otros seis operadores despedidos, "no fue ni siquiera notificada que su contrato había sido dado de baja y se enteró que no trabajaba más allí cuando concurrió a la guardia que le tocaba cubrir", según el documento difundido hoy.
Algunos de sus colegas recibieron un llamado telefónico o un telegrama o ninguna notificación, como ella, según denunciaron hoy los operadores ante los legisladores, quienes se ofrecieron a trabajar "para que el gobierno respete la nueva Ley de Salud Mental (Ley 26.657), que privilegia los dispositivos de revinculización".
Los operadores son empleados estatales que se desempeñan desde septiembre de 2012 hasta la actualidad como contratados bajo la modalidad de "locación de servicios", precisa el documento.
Indicó que poseen contratos firmados "de manera discontinua sin que se les reconozca en la práctica que su labor siempre fue continua, sucesiva e ininterrumpida; además de padecer atrasos en los pagos por más de cinco meses".
"Si bien somos profesionales no dejamos de ser trabajadores de la salud. Hoy nos echan, ayer tuvimos hasta seis meses de atraso en los pagos", recordó Rey.
Los operadores señalaron que "no solo los trabajadores que dependen de la Dirección General de Salud Mental (DGSM) del Ministerio de Salud porteño padecen el vaciamiento y la precarización".
"También sufren la falta de interés por parte de la DGSM los jóvenes que son los pacientes de estos dispositivos. Con solo localizar el lugar donde se encuentra nuestro hogar podemos demostrarlo", denunció Ojeda.
La operadora recientemente despedida contó que el Hogar Nueva Pompeya está "en una casa rodeada de galpones, en una calle atestada de camiones en días hábiles y completamente desierta los fines de semana, cerca de la Villa Zabaleta y a cinco cuadras del CEAMSE".
"Esto no es un detalle mínimo, puesto que en dicha institución venimos trabajando con jóvenes de hasta 18 años que cuentan con un alto grado de vulnerabilidad social y sanitaria, que se encuentran desvinculados de sus familias o lugares de pertenencia", explicó Ojeda.
La denuncia despertó un inmediato repudio por parte de los presentes en la conferencia de prensa, entre quienes estaban María Elena Naddeo, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; los legisladores Alejandro Bodart, María Rachid, y Marcelo Ramal; e integrantes de la Junta de ATE, y de CTA.
La denuncia formal apunta contra el gobierno porteño por mantener tanto a los trabajadores de la salud como muchos otros empleados públicos con contratos de locación de servicios, conocidos como "contratos basura", sin aguinaldo, vacaciones, ART, ni obra social.
Según el documento que difundieron los operadores sociocomunitarios despedidos la medida tomada por la DGSM no contemplará "el cobro de ninguna indemnización a pesar de tener casi tres años de antigüedad y habiendo cumplido sin interrupción sus actividades".
Los agentes aseguraron que las cesantías ocurrieron "sin motivo, ni explicación previa", durante la denuncia pública ante legisladores, representantes gremiales y referentes de la comunidad académica.
"Nuestra tarea como operadores sociocomunitarios es revinculizar a los adolescentes de entre 14 y 18 años -algunos de ellos ex pacientes del Hospital Psiquiátrico Tobar García- con sus familias, con la escuela, con el mundo; esto exige un proceso y un vínculo para el que hemos estado trabajando todos estos años", explicó Eugenia Ojeda, una de las psicólogas despedidas.
La profesional, junto a los otros seis operadores despedidos, "no fue ni siquiera notificada que su contrato había sido dado de baja y se enteró que no trabajaba más allí cuando concurrió a la guardia que le tocaba cubrir", según el documento difundido hoy.
Algunos de sus colegas recibieron un llamado telefónico o un telegrama o ninguna notificación, como ella, según denunciaron hoy los operadores ante los legisladores, quienes se ofrecieron a trabajar "para que el gobierno respete la nueva Ley de Salud Mental (Ley 26.657), que privilegia los dispositivos de revinculización".
"Trabajamos con personas. Cuatro de los nueve chicos que pasaron este tiempo por el Hogar ya volvieron con sus familias. Estábamos logrando avances importantes"Cristian Rey, psicólogo"Trabajamos con personas. Cuatro de los nueve chicos que pasaron este tiempo por el Hogar ya volvieron con sus familias. Estábamos logrando avances importantes", comentó Cristian Rey, otro de los psicólogos que se desempeñaba como operador y que fue despedido sin explicaciones previas.
Los operadores son empleados estatales que se desempeñan desde septiembre de 2012 hasta la actualidad como contratados bajo la modalidad de "locación de servicios", precisa el documento.
Indicó que poseen contratos firmados "de manera discontinua sin que se les reconozca en la práctica que su labor siempre fue continua, sucesiva e ininterrumpida; además de padecer atrasos en los pagos por más de cinco meses".
"Si bien somos profesionales no dejamos de ser trabajadores de la salud. Hoy nos echan, ayer tuvimos hasta seis meses de atraso en los pagos", recordó Rey.
Los operadores señalaron que "no solo los trabajadores que dependen de la Dirección General de Salud Mental (DGSM) del Ministerio de Salud porteño padecen el vaciamiento y la precarización".
"También sufren la falta de interés por parte de la DGSM los jóvenes que son los pacientes de estos dispositivos. Con solo localizar el lugar donde se encuentra nuestro hogar podemos demostrarlo", denunció Ojeda.
La operadora recientemente despedida contó que el Hogar Nueva Pompeya está "en una casa rodeada de galpones, en una calle atestada de camiones en días hábiles y completamente desierta los fines de semana, cerca de la Villa Zabaleta y a cinco cuadras del CEAMSE".
"Esto no es un detalle mínimo, puesto que en dicha institución venimos trabajando con jóvenes de hasta 18 años que cuentan con un alto grado de vulnerabilidad social y sanitaria, que se encuentran desvinculados de sus familias o lugares de pertenencia", explicó Ojeda.
La denuncia despertó un inmediato repudio por parte de los presentes en la conferencia de prensa, entre quienes estaban María Elena Naddeo, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; los legisladores Alejandro Bodart, María Rachid, y Marcelo Ramal; e integrantes de la Junta de ATE, y de CTA.
La denuncia formal apunta contra el gobierno porteño por mantener tanto a los trabajadores de la salud como muchos otros empleados públicos con contratos de locación de servicios, conocidos como "contratos basura", sin aguinaldo, vacaciones, ART, ni obra social.
Según el documento que difundieron los operadores sociocomunitarios despedidos la medida tomada por la DGSM no contemplará "el cobro de ninguna indemnización a pesar de tener casi tres años de antigüedad y habiendo cumplido sin interrupción sus actividades".
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